Todo empezó con un problema puntual, en un tramo de autovía recientemente inaugurado, en una zona montañosa de Galicia. Los escasos 4 kilómetros de la autovía A-8 a su paso por el Alto de O Fiouco (Mondoñedo, Lugo), se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los usuarios, técnicos y gestores: la pertinaz y densa niebla y, en ocasiones, el fuerte viento que afectan al paso más alto de la autovía (cota próxima a los 700 metros) ocasionan constantes cierres al tráfico, sin que las distintas medidas instaladas, efectivas para el resto de carreteras, permitieran resolver las consecuencias de tan conflictiva meteorología.
Finalmente, el Ministerio de Fomento, con el apoyo de Ineco, decidió iniciar en 2015 la búsqueda de soluciones alternativas a las existentes en el mercado, a través de un procedimiento novedoso de contratación, la Compra Pública Innovadora (CPI). El objetivo era desarrollar un sistema de protección contra la niebla que complementara las medidas ya instaladas, que prácticamente cubren el actual estado del arte en materia de gestión y explotación de carreteras (señalización de alta reflectancia, paneles de mensaje variable, visibilímetros, balizas de niebla encastradas, radar de tramo, etc.).
La principal novedad del procedimiento consiste en que las empresas participantes proponen y desarrollan nuevas soluciones tecnológicas, apoyadas por la Administración Pública, quien define el problema a resolver, establece los criterios de validación y especificaciones funcionales de las posibles soluciones y comparte con las empresas, en algunos casos más complejos, los riesgos y beneficios de la I+D.
La nueva filosofía es: si no existe en el mercado, fomento que se investigue y que me ofrezcan soluciones novedosas
Otros casos de búsqueda de soluciones innovadoras han surgido en el puerto de Málaga, el servicio gallego de salud (SERGAS) o el hospital de Córdoba. Prácticamente todos los sectores de bienes y servicios necesitan reciclarse con las mejoras que aportan las nuevas tecnologías.
El método establecido para buscar soluciones a estas demandas no satisfechas revoluciona la actual cultura administrativa: los requisitos habituales (precio, riesgo mínimo) se sustituyen por una política de apoyo a la innovación privada mediante el encargo de desarrollar soluciones que no existen, potenciando la I+D. La nueva filosofía es: si no existe en el mercado, fomento que se investigue y que me ofrezcan soluciones novedosas.
La CPI es una actuación pública, respaldada por el Ministerio de Economía y Competitividad, por el cual las administraciones seleccionan propuestas de I+D+i presentadas por empresas privadas, en ocasiones financiadas a través del CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial). El proyecto iniciado por el Ministerio de Fomento, consta de tres fases: Consulta Preliminar del Mercado, Compra Pública Pre-comercial (desarrollo y experimentación de prototipos) y Compra Comercial (implantación de la solución final en el tramo). La Plataforma de Contratación del Estado permite rastrear los contratos de CPI que se han realizado en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (https://contrataciondelestado.es).
La primera en apoyar este tipo de contrataciones es la propia Comisión Europea, que ha promovido unas “Guías para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación” para asesorar sobre estos procedimientos. Su vicepresidente Antoni Tajani argumenta en el prólogo que “todas las autoridades públicas europeas tienen la responsabilidad de favorecer la innovación cuando producen y consumen bienes y servicios. La contratación pública de bienes y servicios sostenibles e innovadores es una de las herramientas esenciales para estimular nuevas soluciones tecnológicas o de servicio, al tiempo que ayuda a crear puestos de trabajo y a aumentar la competitividad de la industria y de las pymes europeas. También promueve servicios públicos más eficientes”.
